¿Seguirá Iván Espinosa de los Monteros los pasos de Alberto Rodríguez, «Podemos» y dejará su acta de diputado tras ser condenado por el Tribunal Supremo de España?

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La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó en octubre del presente año, 2021, al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad por patear a un policía a la pena de 1 mes y 15 días de prisión. Los magistrados le aplicaron la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos sucedieron hace 7 años. Nada más conocerse la sentencia, Vox se convirtió en martillo pilón del diputado canario y exigió una y otra vez a Rodríguez que dejase su acta de parlamentario.

El portavoz del grupo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (Primogénito del Marqués de Valtierra, promotor inmobiliario y esposo de Rocío Monasterio) señaló en una rueda de prensa: “Este agresor de policías no puede seguir un minuto más alterando con su voto los debates del Congreso”, ha opinado Espinosa, quien ha lamentado que la Mesa no haya abordado aún la cuestión porque en su última reunión todavía no había sido informada de la resolución judicial.

Para el portavoz de Vox, se trataba de “un asunto de máxima gravedad que debería tratarse con la necesaria inmediatez”, ya que “este individuo no merece votar ni siquiera en el pleno que comienza pasado mañana”, en referencia a la sesión plenaria del día siguiente.

Finalmente, Rodríguez tuvo que cesar en sus funciones como diputado y retornar a la actividad privada.

Este lunes, el Tribun al Supremo ha ratificado la condena al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros , por eludir el pago de las obras de reforma realizadas en la vivienda familiar en el distrito de Chamartín (Madrid). De esta manera la Sala de lo Civil desestima el reurso de casación interpuesto por el diputado contra el dictamen de la Audiencia Provincial.

El Supremo confirma que Espinosa de los Monteros tiene que pagar su deuda de 63.183 euros, además de intereses y las costas judiciales a la empresa RUE SL (Rehabilitación, Urbanización y Edificación SL), según la sentencia, fechada en noviembre.

Dos sentencias anteriores, una contra una sociedad que administraba el diputado nacional de Vox y de la que era el único socio y otra directamente contra él, determinaron que Espinosa de los Monteros quiso dejar sin pagar parte de las obras de su lujosa vivienda de cuatro plantas. La segunda fue ratificada después por la Audiencia Provincial, un dictamen que ahora confirma el Supremo desestimando el recurso del portavoz parlamentario de Vox y declarando “firme” la sentencia contra la que ya no cabe recurso después de siete años de litigio judicial.

El dirigente de Vox compró en 2010 la vivienda al norte de la capital, para lo que solicitó una hipoteca de 1,2 millones de euros. El inmueble, con una planta baja y una principal, fue transformada en una casa de cuatro alturas y 545 metros cuadrados con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solárium en la terraza, donde también hay una zona verde.

Espinosa de los Monteros utilizó en 2012 una sociedad de la que era único accionista y administrador: Pedro Heredia 6 SL para hacer la contratación de las obras, y su esposa, la tambien dirigente de Vox Rocío Monasterio, fue la arquitecta que realizó el proyecto. La casa fue puesta a la venta después por un precio de tres millones de euros.

Nos preguntamos si Iván Espinosa de los Monteros hará lo que tanto exigió al diputado de Poremos: renunciar a su escaño tras ser condenado en firme. Aunque sabemos que en política es necesario cabalgar contradicciones, y que Vox tratará de convencernos de que ambos casos son diferentes, moralmente no es menos reprobable que un cargo público deje de pagar las obras de su chalé que la presunta patada a un policía en 2014, en el transcurso de una manifestación.

La ejemplaridad y la coherencia en la vida privada son deseables, convenientes. Nos hacen mejores personas. En la vida pública (y en la responsabilidad política) son exigibles. Nos hacen ser mejores servidores públicos. El paso de la moral privada a la moral pública, es decir, a la ética política, es uno de los grandes temas en la filosofía política. ¿Puede alguien inmoral en la vida privada ser virtuoso en la pública, en la política? Difícil. Y cuando esto sucede, el cinismo se apodera de los dirigentes políticos y la verdad acaba por resquebrajar la confianza y la credibilidad política.

El filósofo español Javier Gomá Lanzón, en su ensayo titulado Ejemplaridad Pública afirma: «Nos guste o no, nos parezca bien o no, los demás son un modelo para nosotros y nosotros somos un modelo para los demás». Es así: todos somos ‘ejemplos’. Pero podemos convertirnos en un ejemplo a seguir, en un modelo a imitar o, en los casos menos felices, podemos convertirnos en un ejemplo de lo que no hay que ser, decir y hacer. Sucede que somos casi siempre ‘ejemplos’, pero no naturalmente ‘ejemplares’.

Exigimos políticos ejemplares. Siempre. Y esto ocurre, principalmente, porque quienes ostentan cargos públicos poseen mayores niveles de responsabilidad. Todo lo que hacen y dejan de hacer es de interés público. La ejemplaridad en un político debería ser una categoría política fundamental.

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